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Por Norma Loto (Temas de género - Agencia SEMlac).- Un grupo de organizaciones sociales argentinas avanzan en la elaboración de un anteproyecto de ley denominado Ley Brisa, cuyo objetivo es que el Estado garantice una ayuda económica a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. La iniciativa prevé que esa reparación económica sea el equivalente a un monto mensual de la jubilación mínima en Argentina (445 dólares aproximadamente) y cobertura de salud, hasta la mayoría de edad.

 

La Casa del Encuentro, la Asociación Amigos del Alma y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina son las organizaciones que impulsan la propuesta, que "no es un subsidio ni una asignación, sino una reparación económica para que el Estado se responsabilice sobre lo que no llegó a prevenir", remarcó Fabiana Túñez, directora de La Casa del Encuentro, en declaraciones a la prensa.

"La Ley Brisa es un anteproyecto que será puesto a consideración por el Congreso Nacional, elaborado por la Casa del Encuentro.

Entre 2008 y 2014 más de 1.400 niños y niñas menores de edad fueron víctimas colaterales de feminicidio.

Esos menores quedan al cuidado de algún familiar que no siempre cuenta con los medios económicos para garantizar su subsistencia, además de necesitar la contención para todo el grupo familiar", refirió a SEMlac Lucía Galoppo, integrante del Colectivo Cultural Tinku y quien además forma parte del equipo impulsor del anteproyecto

Galoppo explicó que la iniciativa "propone la obligación del Estado de reparar a los niños y niñas tras el feminicidio de sus madres, ya que también es el Estado el responsable de poner en práctica un mecanismo efectivo de prevención y erradicación de la violencia de género. Cuando ese mecanismo no existe, o falla, es responsabilidad del Estado la reparación a las víctimas y la garantía de acceso pleno a los derechos básicos de niños y niñas".

"La violencia machista no es una cuestión privada -subrayó la activista-, es un problema social y su prevención y erradicación debe ser entendida como una materia de políticas públicas".

Fabiana Rodríguez es una joven universitaria sobrina de Susana Leiva, quien fue víctima de feminicidio en julio de 2013.

Rodríguez manifestó a SEMlac que la futura ley Brisa sería importante porque hay muchos chicos que no tienen medios para vivir dignamente. "Ojalá sea posible esta ley. Servirá para apoyar a los chicos hijos de víctimas de feminicidios que, lamentablemente, cada día son más. Si no tienen a lo más importante de la vida -que es una madre-, que al menos tengan cómo vivir dignamente".

Susana Leiva fue asesinada por su pareja y, desde entonces, sus hijos, Gonzalo de 10 años y de Leandro de tres, quedaron sin madre.

La mencionada iniciativa de ley lleva el nombre de Brisa, una niña de tres años, hija de Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes por su pareja en 2014. Brisa y sus hermanos mellizos, Tobías y Elías (8 años de edad) viven con su tía, quien a su vez es madre de tres hijos, y con su abuelo jubilado.

Ellos no reciben ninguna asistencia por parte del Estado, salvo una bolsa de alimentos una vez al mes por parte del municipio de Moreno (localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires).

Antecedentes

Esta iniciativa toma como base la ley "Hijos de Fallecidos en hechos de violencia doméstica", que rige desde 2011 en Uruguay y que refiere las prestaciones que recibirán los hijos de las personas fallecidas como consecuencia de un hecho de violencia doméstica ejercida contra ellas.

En cuanto a la edad, la ley uruguaya contempla que tendrán derecho a las prestaciones las y los menores de 21 años, "salvo que se tratare de mayores de 18 años de edad con medios de vida propios y suficientes".

La ley abarca también a las hijas e hijos solteros, mayores de 18 años de edad y absolutamente incapacitados para todo trabajo, salvo que se tratare de mayores de 21 que dispongan de medios de vida para subvenir a su sustento.

También en Guatemala, desde 2008, rige la Ley contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, que en su artículo 11 se refiere a la reparación a la víctima que "será proporcional al daño causado y al grado de culpabilidad del autor del delito (…)
"Cuando la víctima haya fallecido, el derecho a la reparación se extiende a sus sucesores (…) el Estado será solidariamente responsable por la acción u omisión en que incurran las funcionarias o funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo ejercer contra éstas o éstos la acción de repetición si resultare condenado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles", agrega la normativa.


En el último informe presentado por el Observatorio de feminicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", coordinado por la Asociación Civil la Casa del Encuentro, se han recopilado datos registrados desde el primero de enero al 31 de diciembre de 2014, del cual surge que 200 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas colaterales de feminicidio.

De 2008 a 2014, el Observatorio Adriana Marisel Zambrano lleva contabilizado 2.196 hijas e hijos que no tienen madre por estos actos criminales. De ese total, 1.403 son menores de edad.

La futura Ley Brisa complementa una iniciativa presentada en abril de 2014 también por La Casa del Encuentro, cuyo objetivo es que los feminicidas condenados pierdan automáticamente la patria potestad de sus hijos, consideradas víctimas colaterales.

En Carrera 2015

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