Se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia sobre la represión y la criminalización de la protesta social en Jujuy. El Estado argentino fue convocado para dar respuesta a los planteos realizados por las organizaciones peticionantes que sostuvieron que en esa provincia se utilizan los procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación:

"Esta generalizada persecución de organizaciones y referentes se realiza a través de causas judiciales, de represión de manifestaciones públicas, de detenciones arbitrarias, multas, clausura de locales, entre otras respuestas estatales violatorias de derechos", afirmó la organización Amnistía Internacional (sede Argentina) a través de un comunicado.

Según el mismo, los representantes del Estado no respondieron a las objeciones. En cambio, el representante de la provincia de Jujuy reconoció que el estado jujeño impulsó nueve procesos contra personas que estaban ejerciendo el derecho a la protesta.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, destacó que la protesta no puede convertirse en un enunciado teórico: el respeto de la libertad de expresión no debe escindirse de su materialidad –ya sea porque se prohíbe la manifestación en determinado lugar o se permite por determinadas horas, bajo amenaza de ilegalidad. También afirmó que desde el punto de vista de los estándares internacionales las protestas no se transforman automáticamente en ilegales por el hecho de que haya un corte de ruta o de calle.

En Carrera 2015

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