Luego de la represión policial en la planta de Pepsico ubicada en la localidad de Vicente López, la Defensoría del Pueblo porteña comunicó su adhesión al protocolo de observación en manifestaciones públicas elaborado por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sobre el punto declaró el defensor Alejandro Amor: "La falta de responsabilidad social de la empresa Pepsico dejó a 600 trabajadores en la calle. La indemnización que se arregló con esos trabajadores no cubre la falta que deja la pérdida de puestos de trabajo"

Y en referencia a las acciones represivas de parte del estado dijo: "el uso de las fuerzas de seguridad por parte del Estado para resolver un conflicto generado por la empresa no puede ser el método de resolución de la conflictividad social. El Estado tiene la obligación de preservar las fuentes de trabajo, ya que generar empleo es una de las actividades fundamentales de cualquier gobierno"

Y cerró: "La intervención de la Justicia debe ser con jueces imparciales y fiscales presentes en el momento de los hechos. Y la actuación de las fuerzas de seguridad, que es propia del Estado, no puede ser nunca desproporcionada y debe respetar siempre los derechos humanos de las personas, en particular a la vida y a la integridad física"

En Carrera 2015

Radio Política en Facebook

Twitter radiopolitica seguir

Sumate a Radio Política

Videos

  • Naciones Unidas pide más esfuerzos contra la "violencia institucional"

Políticos Argentinos Twitter